El ordenamiento territorial entra a la agenda política: qué propone el Gobierno y por qué importa a los municipios

Santo Domingo. El ordenamiento territorial acaba de entrar de lleno en la agenda política dominicana. El Gobierno impulsa un proyecto de ley que crea el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), una herramienta que decidirá dónde se puede construir, qué suelos se protegen y, sobre todo, hacia dónde irá la inversión pública en los próximos años.

La propuesta fue conocida y aprobada por el Consejo de Ministros el 17 de septiembre de 2026 y ahora le toca el turno al debate legislativo. Su alcance es nacional, pero su impacto se sentirá municipio por municipio: ningún proyecto de inversión pública podrá aprobarse si no demuestra coherencia con las prioridades territoriales del plan, salvo excepciones por razones estratégicas, de emergencia o de interés nacional.

Qué cambia para los municipios

Para los gobiernos locales, el PNOT es una pieza clave: el plan articula las políticas nacionales, regionales y municipales y crea un Consejo Consultivo donde estarán sentados el Gobierno central, los gobiernos locales, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Es decir, los ayuntamientos tendrán voz formal en la mesa donde se define el mapa del desarrollo.

El texto protege los suelos de alta capacidad agrícola, manda a recuperar terrenos degradados y regula la minería según la legislación vigente. También prevé restricciones de uso para resguardar costas, humedales, manglares, cuencas y zonas de recarga de agua, un punto sensible en un país expuesto a inundaciones y sequías.

Seis corredores y un reloj de 12 meses

El proyecto dibuja seis corredores territoriales estratégicos: el Central (Santiago-Santo Domingo), la Costa Atlántica (Puerto Plata-Samaná), la Zona Este (San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo e Higüey), la región Ozama y su entorno (Ozama-Valdesia-Higuamo), los corredores transfronterizos y el corredor Atlántico-Caribe.

En lo ambiental, el plan ordena identificar las zonas expuestas a amenazas naturales, reforzar los sistemas de alerta temprana y promover la reubicación progresiva de los asentamientos en áreas de riesgo no mitigable, con garantías jurídicas y sociales para las familias afectadas.

El Ministerio de la Presidencia coordinaría la implementación, como órgano rector del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. Y hay un plazo concreto: dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la ley, el Poder Ejecutivo deberá aprobar por decreto el Plan de Implementación, con fases, responsables, inversiones y mecanismos de seguimiento.

El objetivo declarado es reducir las desigualdades entre regiones, mejorar el acceso a servicios e infraestructuras y fortalecer la conectividad. El debate que viene será medir si la ley logra ese equilibrio entre el centro y los territorios, o si se queda en un mapa más en la pared.

Fuente: proyecto de ley del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de septiembre de 2026.