El PLD convierte las muertes en "intercambios de disparos" en su primera gran bandera fiscalizadora contra Abinader

El PLD convierte las muertes en "intercambios de disparos" en su primera gran bandera fiscalizadora contra el Gobierno de Abinader

Con 55 muertes en septiembre sobre la mesa, la oposición morada exige que Faride Raful y el director de la Policía respondan ante el Congreso. El movimiento pone a prueba la mayoría del PRM en el Legislativo.

La actuación policial se convirtió este lunes en el campo de batalla política del momento. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) salió a exigir formalmente que el Congreso Nacional interpele a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, por el "elevado número" de personas muertas en supuestos intercambios de disparos con agentes.

No es una denuncia menor en términos políticos: se trata de una solicitud de interpelación, uno de los instrumentos de fiscalización más directos que tiene la oposición. El encargado de anunciarla fue el vicepresidente del PLD, Temístocles Montás, acompañado del también vicepresidente Iván Lorenzo, el mismo dirigente que este lunes acusó al PRM de haber "dañado el Congreso Nacional" con una "mayoría mecánica al servicio del Gobierno".

El dato que puso sobre la mesa el PLD es contundente: según informaciones de prensa, solo en septiembre se registraron 55 muertes clasificadas como actuaciones policiales. La organización considera que las constantes muertes en operativos evidencian "un comportamiento cuestionable" en el cuerpo del orden y advirtió que la lucha contra la delincuencia no puede degenerar en una práctica de "eliminación física de personas consideradas delincuentes".

El planteamiento peledeísta tiene dos filos. Por un lado, responsabiliza al Gobierno: "El presidente Luis Abinader es la máxima autoridad. En consecuencia, tiene la responsabilidad de garantizar que la política de seguridad se ejecutase dentro de los límites", dijo Montás. Por otro, apela a la Constitución: el artículo 37 declara inviolable el derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte, recordatorio que la oposición usó para argumentar que un rendido "debe ser detenido y puesto a disposición de la justicia, nunca ejecutado".

El PLD también pidió al mandatario emitir una instrucción pública a los agentes ordenando el respeto a la vida, que el Ministerio Público garantice investigaciones independientes de cada muerte en intervenciones policiales y que la Procuraduría publique estadísticas periódicas. Y dejó una advertencia sobre la mesa: "La impunidad reiterada puede convertirse en una forma de autorización del hecho".

El balón queda ahora en el Congreso, donde la mayoría del PRM tendrá que decidir si la interpelación camina o se frena. Para la oposición, el terreno ya está marcado: fiscalización legislativa contra la narrativa de la mano dura.

Fuente: Listín Diario y RC Noticias (19 de octubre de 2026), declaraciones de los vicepresidentes del PLD Temístocles Montás e Iván Lorenzo.