La Vega sella la paz del arroz: Abinader suma al sector arrocero antes de sentarse con Washington

La Vega sella la paz del arroz: Abinader suma al sector arrocero antes de sentarse con Washington

La jugada política del Gobierno entra en su segunda fase. Después de declarar el arroz asunto de seguridad nacional, la administración Abinader logró lo más difícil: que los 30,000 productores que serían los primeros afectados respalden públicamente la renegociación con Estados Unidos.

La Vega. — En política, un frente interno unido es media batalla ganada. Eso parece haber entendido el Gobierno dominicano: tras derogar el Decreto 693-24, que protegía al sector arrocero con un arancel del 20%, el presidente Luis Abinader logró que parceleros, molineros, productores de la reforma agraria y empresas de fertilizantes cerraran filas con su estrategia de renegociación dentro del DR-CAFTA.

El acuerdo se selló tras tres horas de trabajo en el Club Cerro Alto, en La Vega, en un encuentro encabezado por el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme. La mesa acordó mantener una instancia permanente de diálogo con los actores de la cadena arrocera, y Espaillat garantizó que los controles para el ingreso de arroz se mantendrán sin cambios mientras se define el curso de la renegociación.

El dato político: Marcos Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), anunció que "los productores decidimos darle una oportunidad al presidente Luis Abinader y a la Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OCA)" para negociar mejores condiciones con Estados Unidos. El respaldo unánime del sector —que agrupa a unos 30,000 productores y genera más de 300,000 empleos directos e indirectos— blinda políticamente al Gobierno frente a las críticas que la derogación pudiera despertar.

El contexto no es menor. El viceministro de Comercio Interno, Daniel Peña, declaró este lunes en París —en jornadas de la OCDE— que el arroz "es un tema sensible que atañe directamente a la seguridad nacional" del país. Y reconoció la realidad: "corresponde aplicar" los plazos del desmonte arancelario pactados en el tratado. El Gobierno derogó el decreto que imponía un arancel del 20% dentro de la cuota y del 99% fuera de ella, y ahora negocia desde una posición en la que Washington exige el cumplimiento estricto del DR-CAFTA.

La carta que le queda al país, según el propio Abinader, es la potestad fito y zoosanitaria: "La República Dominicana tiene la potestad de permitir la importación o no por los recursos fito y zoosanitarios". Entre las medidas compensatorias anunciadas están un fondo para la productividad del sector, financiamiento preferencial vía el Banco Agrícola, seguro agropecuario fortalecido y mejoras en riego y drenaje.

Políticamente, el Gobierno compró tiempo y unidad interna. Pero la prueba real vendrá cuando Washington ponga sus condiciones sobre la mesa: ahí se verá si la tregua de La Vega se convierte en protección efectiva para el grano más político del país.

Fuente: Infobae (19 de octubre de 2026), con información de la Presidencia de la República, el Ministerio de Agricultura y EFE.